Denuncia por sabotaje al suministro de agua
Revelaciones impactantes
La alianza PAN, PRI y PRD se encuentra bajo la lupa de la justicia. Santiago Taboada, candidato de esta coalición, y César Deras Barrientos, conocido como “Goliat”, han sido señalados ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por presuntamente ordenar a policías del programa Blindar BJ contaminar el pozo Alfonso XIII en la alcaldía Benito Juárez. Esta acción ha generado indignación, ya que ha resultado en el suministro de agua con olores y rastros de combustible en cientos de hogares de diversas colonias.
Testimonio clave
La denuncia presentada por Gabriela Ortega, miembro de la Red Vecinal de Lucha contra el Cártel Inmobiliario, se basa en el testimonio de un policía adscrito a la demarcación. Quien afirmó haber recibido instrucciones directas de Barrientos y Taboada para contaminar el pozo Alfonso XIII con gasolina y otros químicos. Este acto, presuntamente llevado a cabo el domingo 31 de marzo por elementos de Blindar BJ, coincide con los primeros informes sobre agua contaminada en Benito Juárez.
Coordinación ilícita
La denuncia también revela una supuesta coordinación entre elementos del programa Blindar BJ y autoridades de Álvaro Obregón. Se afirma que esta acción fue incentivada con premios y bonos, entregados a aquellos que participaron en la actividad delictiva, bajo el sistema de “aviadores”.
Además, se señala la participación de policías en actividades de huachicol. Utilizando las instalaciones del ex albergue de la colonia Mixcoac como centro de operaciones y mando.
Respuesta ciudadana
Los residentes de Benito Juárez comenzaron a notar un olor extraño en el agua a finales de marzo, lo que desencadenó protestas y bloqueos. Las autoridades, tras realizar exámenes de laboratorio, confirmaron la presencia de combustibles en el suministro de agua, lo que llevó al cierre del pozo Alfonso XIII.
La denuncia presentada contra Santiago Taboada y César Deras Barrientos destaca la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. La presunta participación de autoridades en acciones ilegales que afectan la salud y el bienestar de los ciudadanos es motivo de preocupación y exige una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes. Los ciudadanos merecen un gobierno que priorice su bienestar y actúe en beneficio de la comunidad en su conjunto.