Administración bajo la lupa
La administración de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc ha sido cuestionada por la detención de múltiples procesos de verificación de bares ubicados en Francisco I. Madero número 20 y avenida Juárez números 30-32, en la colonia Centro. Estos establecimientos han sido considerados focos de problemas graves por exceder la capacidad permitida y recibir denuncias de asistencia y venta de alcohol a menores, según informaron funcionarios de la administración capitalina.
Propiedades en cuestión
Ambos inmuebles, que albergan bares como el Black, donde el 7 de junio fueron desalojados más de mil jóvenes, ocho de ellos intoxicados, y hace un mes apareció una persona muerta afuera del edificio, son propiedad del empresario Jack Sacal. Se ha solicitado en diversas ocasiones verificar a quién o quiénes renta sus espacios, lo cual no ha sido cumplido, permitiendo a los dueños de los antros instalar sus negocios en la parte alta de los inmuebles.
Operativos previos y sus desafíos
Durante la administración actual, el ex secretario de Gobierno Alfonso Suárez del Real llevó a cabo un operativo riguroso. Obteniendo incluso los planos del inmueble para planificar entradas y salidas. Se cerraron muchos antros en Madero 20. Sin embargo, las suspensiones de actividades y clausuras no han perdurado debido a estrategias jurídicas que permiten revertirlas.
Omisión en la administración de Cuevas
Se ha señalado que bajo la administración de Sandra Cuevas se detuvieron numerosos procesos de verificación. A pesar de recibir múltiples denuncias y quejas, no se actuó, siendo esta una responsabilidad de sus áreas de Jurídico y Reglamentos. La omisión fue total, según funcionarios. Actualmente, el titular Raúl Ortega está limpiando la alcaldía de la supuesta mafia dejada por Cuevas, aunque su mandato durará solo tres meses.
Situación actual en los bares
A diez días de los incidentes en el bar Black, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) aún no ha colocado sellos de clausura. Manteniéndose únicamente los de suspensión de actividades y un sello de la Fiscalía General de Justicia por el inicio de una investigación por corrupción de menores. El área de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Económico ha señalado que reserva información sobre la autorización para operar de este bar y El Perro Salado, en atención a la Ley de Protección de Datos Personales.
Acciones legales y demandas vecinales
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial inició una investigación por ruido tras recibir una denuncia, aunque no ha proporcionado más detalles. Por otro lado, vecinos de la colonia Tránsito han solicitado la extinción de dominio del bar El Perro Salado. Como una sanción ejemplar para quienes lo operaban y para aquellos que permitieron su instalación.