El Caso Judicial de Jonathan Yong Mendoza
El Poder Judicial de Quintana Roo inició una investigación administrativa contra Jonathan Yong Mendoza. Este funcionario se desempeña como Juez de Control en materia penal. La autoridad solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial su suspensión temporal de funciones. Esta medida cautelar busca esclarecer los hechos ocurridos la noche del pasado 24 de diciembre. Presuntamente, el juez agredió a su pareja portando un arma de fuego. Ambos se encontraban en el fraccionamiento Palmaris de la ciudad de Cancún. Las imágenes difundidas en redes sociales plasmaron estos hechos.
Acciones del Poder Judicial
Diferentes colectivas feministas exigieron la destitución inmediata del juzgador tras la difusión del material. El sistema electrónico institucional recibió una denuncia anónima dos días después. El denunciante sustentó la acusación con las imágenes correspondientes. El Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas comenzó las diligencias basándose en esta queja. El organismo analiza el caso minuciosamente. También solicitaron al Tribunal de Disciplina Judicial la suspensión de Jonathan Yong Mendoza. Esta acción busca proteger el interés público.
La institución desea garantizar una investigación responsable y transparente. Las autoridades precisaron que esta medida no representa una sanción definitiva. Se trata de una acción preventiva necesaria mientras recaban elementos probatorios. Deben determinar si existen responsabilidades administrativas según la normativa vigente. De ser así, presentarán la acusación formal correspondiente. La institución subrayó la importancia de una conducta intachable en quienes imparten justicia. Este comportamiento debe mantenerse dentro y fuera de los tribunales.
Exigencias de Colectivos y Ley 3 de 3
El colectivo Femenil Xtabay realizó una petición pública al Poder Judicial. También dirigieron su exigencia a la gobernadora de Quintana Roo. Solicitan aplicar la Ley 3 de 3 al juzgador implicado. Piden investigar la responsabilidad administrativa del funcionario. Esta falta suspende los derechos para ocupar cargos públicos. El grupo exhortó a la víctima del presunto ataque a interponer la denuncia.
Sin embargo, la aplicación de la Ley 3 de 3 requiere una sentencia firme. Esto aplica para funcionarios que cometan agresión sexual o sean deudores alimentarios. Por lo tanto, no pueden aplicar dicha disposición al juez todavía. La investigación apenas comienza. El Tribunal sesionará mañana para determinar el futuro del cargo del funcionario.